Jueza federal califica Flock como vigilancia masiva indiscriminada

• La jueza Sara Hill sostuvo que el agente no tenía una razón aparente para buscar la placa de California de la mujer.
• Hill dijo que debía excluirse la evidencia obtenida después de la consulta, al considerarla derivada de una búsqueda inconstitucional.
• La decisión se suma a las críticas y cancelaciones de Flock, mientras Bernie Sanders promueve una iniciativa para limitar estos lectores en agencias federales.

?? Jueza federal cuestiona búsquedas de Flock sin orden

En Oklahoma, Sara Hill determinó que un agente consultó una matrícula sin justificación aparente y ordenó excluir la evidencia derivada.

La jueza advirtió sobre la vigilancia masiva. El fallo no es vinculante. pic.twitter.com/st4hAO8YfA

— Diario?itcoin? (@DiarioBitcoin) October 4, 2026

Una jueza federal de Oklahoma concluyó que un agente del alguacil de Tulsa vulneró los derechos de una mujer al buscar su matrícula en la base de datos de Flock Safety sin una orden judicial. La magistrada Sara Hill cuestionó tanto la falta de justificación concreta para esa consulta como el alcance de una red capaz de registrar los vehículos que pasan ante sus cámaras. El fallo, emitido el 1 de octubre, no establece un precedente vinculante y ordena excluir la evidencia que surgió después de la búsqueda.

Una consulta sin justificación aparente

El caso se originó cuando un agente del alguacil de Tulsa, en Oklahoma, consultó en Flock la placa de un vehículo perteneciente a una mujer. El reporte del caso identifica al agente como Freddie Alaniz. Según el relato de la decisión, el agente no tenía una orden judicial antes de realizar la búsqueda, y Hill consideró que tampoco existía una razón aparente para hacerla, más allá de que el automóvil llevaba una matrícula de California.

La procedencia de la placa no bastó, a juicio de Hill, para justificar el acceso al historial asociado al vehículo. La decisión puso el foco en el motivo de la consulta, no únicamente en lo que el sistema encontró después: sin una sospecha o razón suficiente que respaldara la búsqueda, el uso de la base de datos planteaba un problema constitucional bajo la Cuarta Enmienda, que protege frente a registros y pesquisas irrazonables.

Después de consultar Flock, el agente usó el historial de viajes del vehículo como parte de la justificación para registrar el automóvil. En esa inspección, según el relato del caso, habría encontrado 91 libras de metanfetamina; se trata de una cantidad atribuida al hallazgo reportado, no de una conclusión sobre la culpabilidad de la mujer ni de una descripción de la resolución final de otros cargos.

Hill sostuvo que la evidencia obtenida después de la consulta debía suprimirse como «fruto del árbol envenenado», una expresión jurídica para describir pruebas derivadas de una actuación considerada ilegal. En este caso, la jueza vinculó la búsqueda inicial con el registro posterior del auto y concluyó que los elementos resultantes no debían utilizarse. La decisión, por tanto, no se limita a criticar la práctica: aborda también sus consecuencias para la evidencia reunida.

El alcance del rastreo y la privacidad

La crítica de Hill se extendió más allá de las circunstancias particulares de la mujer. La jueza advirtió que el seguimiento de ubicaciones en espacios públicos puede convertirse en un problema constitucional cuando las autoridades catalogan de manera pasiva e indiscriminada los desplazamientos de las personas durante un período prolongado. Según su razonamiento, la capacidad de consultar esos datos después y utilizarlos cuando resulte conveniente agrava el riesgo para la privacidad.

La magistrada describió el sistema como una herramienta de vigilancia masiva porque, a diferencia de una investigación centrada desde el comienzo en una persona, recopila información sobre todos los vehículos que pasan frente a cámaras conectadas a la red. Luego, las fuerzas del orden pueden solicitar esos registros, de acuerdo con la caracterización incluida en el fallo. El punto de preocupación es la amplitud de la recopilación, no solo el seguimiento de un objetivo específico.

Hill comparó ese escenario con el debate constitucional de Carpenter v. United States, un caso de la Corte Suprema centrado en el acceso gubernamental a datos de ubicación de teléfonos celulares. La jueza marcó una diferencia: mientras esa controversia se refería a información vinculada a una persona, Flock puede reunir datos de los vehículos que cruzan ante sus cámaras. Su referencia sirve para explicar por qué una tecnología de monitoreo amplio puede plantear preguntas distintas a una búsqueda individualizada.

El fallo no convierte esa interpretación en una regla obligatoria para otros tribunales. Aun así, constituye una de las primeras ocasiones en que un juez federal determina que una búsqueda en Flock fue inconstitucional. Esa distinción importa: la decisión puede alimentar el debate judicial y político sobre estos sistemas, pero no significa por sí sola que todas las consultas realizadas mediante la plataforma sean ilegales.

Presión política y respuestas de la empresa

La decisión judicial coincide con un aumento de las críticas a Flock desde distintos sectores políticos. TechCrunch informó que varios gobiernos locales y estatales, incluidos Florida y Texas, dijeron que dejarían de utilizar la tecnología. Esas retiradas reflejan una disputa más amplia sobre el equilibrio entre las herramientas de seguridad pública y la privacidad de quienes transitan por espacios monitoreados.

En el Congreso, el senador Bernie Sanders, demócrata de Vermont, presentó el viernes 2 de octubre la Ban Flock Act. La propuesta prohibiría a las agencias federales utilizar lectores automatizados de matrículas y bloquearía fondos federales para gobiernos estatales y locales que los utilicen. La presentación de la iniciativa no equivale a una prohibición vigente: se trata de una propuesta legislativa.

Garretty Langley, identificado por TechCrunch como CEO de Flock, ha defendido la necesidad de un «compromiso» entre privacidad y seguridad, según la información publicada por ese medio. También ofreció disculpas a mujeres que han sido acosadas por agentes policiales que utilizan el sistema. Sus declaraciones reconocen que el uso de la tecnología puede generar daños y controversias, aunque la fuente no especifica qué medidas concretas adoptará la empresa para prevenir nuevos casos.

El reporte también señala que Flock habría ofrecido a empleados compras voluntarias de acciones como una forma de reducir su plantilla, en medio de las cancelaciones de contratos. La información se presenta como una medida reportada, no como un anuncio corporativo confirmado en el material citado. En conjunto, las críticas judiciales, las decisiones de gobiernos locales y estatales y la iniciativa legislativa aumentan la presión sobre la compañía y sobre la forma en que las autoridades acceden a sus registros.

El caso de Tulsa deja planteada una pregunta que va más allá de una matrícula concreta: qué límites deben aplicarse cuando una red registra los movimientos de muchos vehículos y las autoridades pueden consultar después esa información. Por ahora, la resolución de Hill fija una consecuencia específica para esta búsqueda y expone su preocupación por la vigilancia indiscriminada, pero no establece una regla nacional ni resuelve por completo el debate sobre el uso de Flock.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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