La riqueza no gravada que los ultrarricos poseen en el extranjero ya supera el 80% del total, según un análisis de Oxfam.
El informe, publicado el jueves, subraya que, una década después de la filtración de los Papeles de Panamá, la élite global sigue utilizando un complejo sistema financiero internacional para mover fortunas inmensas fuera del alcance del escrutinio público y de los impuestos.
En declaraciones a ‘Euronews’, Christian Hallum, responsable de fiscalidad en Oxfam, afirmó que los ultrarricos siguen ocultando «auténticos océanos de riqueza» y advirtió de que no se trata solo de una cuestión de contabilidad sofisticada, sino de «poder e impunidad».
Según esta confederación mundial, con sede en el Reino Unido y formada por más de veinte ONG independientes, alrededor de 3,55 billones de dólares (3,08 billones de euros) en riqueza privada seguían sin declararse ni tributar en cuentas offshore.
Esta suma equivale casi al tamaño total de la economía del Reino Unido y más que duplica el PIB conjunto de los 44 países menos desarrollados del mundo.
La concentración de estos activos ocultos es especialmente llamativa, ya que el 0,1% más rico posee en torno al 80% de todos los fondos offshore no gravados, unos 2,84 billones de dólares (2,47 billones de euros).
Dentro de este grupo, una fracción mínima, el 0,01% superior, concentra 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).
Hallum explicó a ‘Euronews’ que el modelo de negocio de los paraísos fiscales sigue siendo muy sólido porque «las personas ultrarricas tienen medios para contratar gestores de patrimonio y contables que inventen ideas cada vez más rocambolescas para eludir impuestos».
ARCHIVO. Ugland House, sede registrada de miles de empresas en George Town, en la isla Gran Caimán, agosto de 2012 – AP Photo/David McFadden
Aunque la riqueza financiera offshore total alcanzó en 2023 unos 13,25 billones de dólares (11,51 billones de euros), el 12,48% del PIB mundial, se estima que la parte no gravada se ha estabilizado desde entonces en torno al 3,2%.
Oxfam insta ahora al Gobierno británico y a los demás líderes del G7 a introducir impuestos sobre la riqueza permanentes y progresivos para los ultrarricos con el fin de recuperar estos ingresos perdidos.
La organización sostiene que estos recursos son esenciales para combatir la pobreza global, apoyar la transición hacia una economía verde y reforzar unas infraestructuras públicas cada vez más deterioradas.
‘Euronews’ preguntó a Hallum si un impuesto sobre la riqueza es realmente la solución a este problema, teniendo en cuenta que los ultrarricos recurren precisamente a servicios offshore para evitar por completo el pago de impuestos.
El responsable de fiscalidad de Oxfam respondió que «un impuesto sobre la riqueza no resuelve el problema del dinero offshore, pero cuando el 0,1% más rico posee en torno al 80% de toda la riqueza no gravada en el extranjero, creemos que nuestras pérdidas por culpa de los paraísos fiscales no pueden desligarse del problema de la desigualdad extrema».
«Si de verdad queremos tomarnos en serio acabar con este modelo de negocio, tenemos que aumentar la transparencia financiera, pero también empezar a abordar la desigualdad extrema que alimenta la demanda de los servicios que ofrecen los paraísos fiscales. Por eso necesitamos un impuesto sobre la riqueza de los ultrarricos», concluyó Hallum.
Sin una reforma estructural que cierre las lagunas legales que aún existen y sin una estrategia de cooperación global verdaderamente inclusiva, los defensores advierten de que el sistema offshore seguirá funcionando como una válvula de escape para los más adinerados del mundo a costa de la mayoría de la población.
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Uno de los principales obstáculos en la lucha contra la evasión fiscal es la aplicación desigual del sistema de Intercambio Automático de Información (AEOI, por sus siglas en inglés).
Aunque 126 jurisdicciones se han adherido ya a la Norma Común de Información (CRS) hasta el año pasado, entre ellas grandes centros financieros como Singapur y las Islas Vírgenes Británicas, muchos países del Sur Global siguen excluidos.
Hallum explicó a ‘Euronews’ que la exigencia de «reciprocidad» es una barrera importante para los países en desarrollo, ya que deben crear complejos sistemas para identificar a los beneficiarios reales y transferir datos a otros países antes de poder recibir información sobre los activos offshore de sus propios ciudadanos.
«Desarrollar los mecanismos necesarios para trasladar esa información desde las instituciones financieras a las autoridades competentes es una tarea muy exigente incluso para los países más avanzados financieramente, y para muchos países en desarrollo supone un esfuerzo que está fuera de su alcance», explicó el experto.
Hallum mencionó también el ejemplo de Ghana, que firmó la CRS en 2014 pero solo empezó a recibir información en 2022 después de gastar aproximadamente un millón de dólares (862.800€) para desarrollar la capacidad necesaria.
Esta carga técnica y financiera impide a menudo que administraciones con pocos recursos accedan a datos vitales que podrían ayudarles a recuperar ingresos fiscales perdidos.
Un agricultor de cacao camina por una parte de su finca que se ha destinado a la extracción de arena en Kona, Ghana, 6 de marzo de 2026 – AP Photo/Tsraha Yaw
La persistencia de la evasión fiscal a gran escala en el extranjero ha acelerado un cambio en la gobernanza fiscal global.
En noviembre de 2024, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron los términos de referencia para una Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional.
Las negociaciones formales comenzaron a principios de 2025 y está previsto que continúen hasta 2027, con el objetivo de crear un sistema más inclusivo que el actual marco liderado por la OCDE.
Hallum señaló que muchos gobiernos del Sur Global han sido más contundentes a la hora de reclamar mayor transparencia que sus homólogos del Norte Global, en parte porque la riqueza oculta en el extranjero tiende a fluir hacia las naciones más ricas.
Además del impuesto sobre la riqueza, Hallum explicó que Oxfam reclama un registro global de activos que permita mapear la titularidad real entre jurisdicciones y la apertura de registros públicos que permitan levantar el velo sobre las sociedades pantalla y los ‘trusts’ que ocultan bienes inmuebles y otros activos.
Hallum declaró a ‘Euronews’ que estas medidas, combinadas con una mayor inversión en las administraciones tributarias, permitirían construir la «infraestructura informativa» necesaria para hacer estructuralmente más difícil la evasión fiscal y garantizar que los ultrarricos contribuyan de forma justa a las sociedades en las que operan.
Aunque el análisis de Oxfam se centra en las cifras globales, el ‘Atlas del Mundo Offshore’ ofrece otra perspectiva sobre la riqueza total en el extranjero, no solo sobre los fondos no gravados, y permite situar el contexto europeo.
Esta iniciativa del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro Noruego de Investigación Fiscal se elabora a partir de datos de Gabriel Zucman y otros economistas.
Las estimaciones apuntan a que la riqueza offshore sigue siendo elevada en todo el continente y que Grecia es el país de la UE con mayor volumen en relación con el tamaño de su economía, en torno al 80% de su PIB.
Además, Grecia pierde el 47% de sus ingresos por impuesto de sociedades, la proporción más alta de Europa, seguida de Alemania, con el 29%, y Estonia, con el 24%.
Francia y el Reino Unido completan las cinco primeras posiciones, con pérdidas estimadas del 16% en ambos casos.
La mayor parte de los activos griegos se mantiene, según los datos, en Suiza, que sigue siendo uno de los principales destinos de riqueza offshore junto con Luxemburgo, Chipre y las islas del Canal.
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