El Consejo de Ministros aprobará este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley de Publicidad del Sector Público, con el que el Gobierno quiere limitar los fondos que consiguen los medios a nivel nacional por publicidad institucional al 35% de su cifra anual de negocios, según explican fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El texto, impulsado por el departamento que dirige Óscar López, deposita en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la responsabilidad de controlar el registro de medios de comunicación y sancionar los incumplimientos.
Este paso supone el inicio de la tramitación de la ley con la que el Ejecutivo quiere actualizar la norma de 2005 con el fin de adecuarla al reglamento europeo sobre medios de comunicación, conocido por sus siglas EMFA. Lo que significa que el texto tardará meses en llegar al Congreso de los Diputados, dado que antes tiene que ser sometido a consulta pública, recibir los informes que elaboren tanto los órganos consultivos del Gobierno -como el Consejo de Estado- como el resto de ministerios y volver a ser estudiado en una reunión del Consejo de Ministros, donde sería enviado a la Cámara Baja.
El Gobierno ha presentado esta medida como parte del Plan de Acción por la Democracia diseñado en septiembre de 2024 y que está dirigido a medios de comunicación, partidos políticos y al poder legislativo, entre otras instituciones. Sin embargo, apenas ha dado detalles sobre la letra pequeña de este documento que excluiría a los medios con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros o que tengan su audiencia concentrada en unas pocas comunidades autónomas, según ha adelantado ‘El Periódico’. Las estimaciones del ministerio apuntan a que los principales medios no se verían afectados por esta limitación, pero sí los que entienden que no tienen viabilidad económica.
El anteproyecto también incorporará nuevos requisitos para los procesos de contratación pública de espacios en los medios de comunicación, como la exigencia de hacer públicas las tarifas ofertadas en función del soporte o el periodo por el que son contratados los servicios. Los medios interesados en difundir campañas de publicidad y acciones de comunicación del sector público estatal tendrán que comunicarlos a la Comisión de Publicidad y Comunicación, para que estos precios sean tomados como máximos a la hora de contratar servicios desde el sector público.
Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/13790617/02/26/el-gobierno-limitara-la-publicidad-institucional-a-un-35-de-los-ingresos-de-los-medios-nacionales.html
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