
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de medidas cautelarísimas solicitadas por CSIF contra la orden de la Consejería de Educación que amplía los servicios mínimos durante la huelga indefinida de docentes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el sindicato no ha acreditado las circunstancias de «especial urgencia» que justificarían suspender la norma sin escuchar previamente a la Administración.
El auto, fechado este viernes 20 de noviembre, no entra todavía a valorar el fondo del recurso ni determina si los nuevos servicios mínimos vulneran el derecho fundamental a la huelga, como sostiene CSIF. Lo que descarta es que exista una urgencia de tal intensidad que obligue a paralizar de inmediato la orden por la vía excepcional de las medidas cautelarísimas.
La organización sindical había recurrido la Orden 4977/2026, firmada el 17 de noviembre por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que modificó la regulación de los servicios mínimos establecida el pasado 7 de octubre. La nueva disposición se publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y entró en vigor ese mismo día, por lo que resulta aplicable a las jornadas de huelga que continúan desarrollándose desde el pasado 14 de octubre.
En su escrito, CSIF argumentó que la aplicación inmediata de la orden podía provocar una vulneración «consumada e irreparable» del derecho fundamental a la huelga de los profesores. A su juicio, si el tribunal esperaba a tramitar el procedimiento cautelar ordinario, los docentes designados para cubrir los servicios mínimos se verían obligados a impartir clase durante las próximas jornadas y el recurso perdería su finalidad.
El sindicato puso especialmente el foco en los servicios mínimos establecidos para Bachillerato, donde la nueva regulación contempla un profesor por cada tres unidades, una dotación que, según denunció, puede alcanzar el 90% del horario lectivo del grupo. CSIF calificó esta previsión de «patente inconstitucionalidad» y acusó a la Consejería de actuar con una «intencionalidad manifiesta» de boicotear el seguimiento de la huelga.
Como alternativa, reclamó que se mantuvieran los servicios mínimos de la orden anterior o que se aplicara la doctrina recogida en un auto del propio TSJM del pasado 10 de noviembre. Según el sindicato, aquella resolución garantizaba suficientemente la apertura de los centros y la custodia de los menores sin restringir de manera desproporcionada el derecho de huelga del profesorado.
Sin embargo, los magistrados de la Sección Octava consideran que la entrada en vigor inmediata de la orden no constituye, por sí sola, una razón suficiente para acordar su suspensión sin dar audiencia a la otra parte. De aceptar ese argumento, razona la Sala, cualquier acto administrativo susceptible de ejecución inmediata podría justificar automáticamente la adopción de medidas cautelarísimas, dada la propia naturaleza ejecutiva de las decisiones de la Administración.
El tribunal también reprocha al sindicato que ni siquiera concretara cuáles eran las jornadas lectivas inmediatas en las que debían aplicarse los nuevos servicios mínimos. Además, establece una diferencia relevante respecto al precedente invocado por CSIF: el auto del 10 de noviembre resolvía una petición relacionada con una huelga general convocada para una única jornada, mientras que en este caso se trata de un paro indefinido que se prolonga desde mediados de octubre.
Así, con esta decisión, la Sala se limita a descartar la vía de urgencia extrema y ordena continuar con la tramitación del incidente cautelar por el procedimiento ordinario, en el que sí se examinará la petición de suspensión.
Eso sí, los magistrados han decidido acortar los plazos de audiencia para acelerar la resolución. La Comunidad de Madrid y el Ministerio Fiscal dispondrán hasta las 15:00 horas del próximo 25 de noviembre para presentar sus alegaciones. Será después cuando el tribunal pueda pronunciarse sobre si mantiene la aplicación de la orden o acuerda suspenderla cautelarmente mientras se resuelve el procedimiento principal. Contra este auto, que rechaza las medidas cautelarísimas, no cabe recurso.
La CAM fija límites a la actividad sindical ante los alumnos
La decisión judicial coincide con otro movimiento de la Consejería de Educación en plena prolongación del conflicto. El departamento que dirige Mercedes Zarzalejo ha trasladado a los centros públicos unas nuevas instrucciones sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos, con el objetivo de evitar que las aulas y los recursos de los colegios e institutos se utilicen para promover posiciones políticas, ideológicas o sindicales.
El documento, firmado por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, establece que los profesores no pueden utilizar las clases, tutorías, tareas, lecturas, exámenes o periodos de servicios mínimos para recabar el apoyo de los estudiantes a cualquiera de las partes de un conflicto. Tampoco podrán animarles a participar en protestas, huelgas, concentraciones o recogidas de firmas relacionadas con estas disputas.
Las instrucciones prohíben igualmente realizar comentarios o señalamientos ante los alumnos y sus familias sobre los compañeros que secundan la huelga o que deciden acudir a trabajar. La restricción se extiende al uso de plataformas educativas como Raíces, Roble o EducaMadrid, así como a las páginas web, redes sociales y correos corporativos de los centros, para difundir manifiestos o posicionamientos de parte.
La Consejería también establece límites a la colocación de pancartas, carteles y símbolos en las fachadas, vallas y espacios comunes de los centros cuando puedan transmitir una adhesión institucional a alguna de las posiciones enfrentadas. Asimismo, impide utilizar los materiales, equipos o instalaciones escolares para elaborar o distribuir propaganda entre los alumnos y las familias.
El texto, no obstante, distingue estas prohibiciones de los derechos que conserva el personal educativo. Los sindicatos podrán seguir utilizando los tablones habilitados para ellos, celebrar reuniones y enviar comunicaciones laborales dirigidas exclusivamente a los trabajadores. También podrán informar sobre la huelga sin involucrar a los estudiantes ni interferir en la actividad lectiva. La Consejería subraya que los docentes mantienen íntegros sus derechos de huelga, libertad sindical, expresión y libertad de cátedra.
Las instrucciones atribuyen a los equipos directivos la responsabilidad de velar por su cumplimiento y contemplan que las posibles incidencias sean comunicadas a las Direcciones de Área Territorial y a la Inspección Educativa. Esta última deberá realizar una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y podrá iniciar actuaciones de comprobación si aprecia indicios graves o una posible afectación de los derechos de los alumnos.
La Consejería precisa que estas instrucciones no crean nuevas infracciones ni permiten imponer sanciones por sí mismas, aunque los incumplimientos que puedan encajar en infracciones ya previstas legalmente sí podrían dar lugar a responsabilidades disciplinarias.
Fuente: https://www.libertaddigital.com/madrid/2026-11-20/varapalo-judicial-a-csif-el-tsjm-rechaza-paralizar-los-servicios-minimos-de-ayuso-para-la-huelga-educativa-7495469/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=Libertad+Digital%3A+Invierte+en
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